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La delegación uruguaya, encabezada por el embajador en Francia Héctor Gross Espiell, expuso sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya en el comienzo del juicio que busca la suspensión de las obras de las plantas de celulosa de Botnia y ENCE en Fray Bentos.

Luego de duras críticas por parte de la delegación argentina, que comenzó la sesión destacando el posible impacto ambiental de las plantas y la violación del Estatuto del Río Uruguay, Gross Espiell recalcó la disposición del Gobierno de realizar un monitoreo conjunto de ambas instalaciones.

"Uruguay tomó todas las medidas necesarias para que no haya contaminación y desea someter el funcionamiento futuro de estas fábricas a un proceso de control estricto para minimizar los riesgos", declaró el diplomático ante los 14 magistrados de la CIJ.

"Somos los primeros interesados en defender la calidad del agua del río Uruguay", aseguró Espiell quien señaló que hasta hoy no existe evidencia alguna de que el río se haya visto afectado por las plantas ni de que exista un riesgo en el futuro.

"No existe un daño urgente e irreparable, tal y como argumenta Argentina, que justifique una suspensión y nada hace pensar que esto vaya a ocurrir en el futuro", declaró.

El embajador agregó que la inversión de 1.800 millones de dólares que implicará la construcción de estas dos papeleras es "esencial" para el país.

"Si las obras se suspenden, se atentaría de forma grave e injustificada al derecho de Uruguay de construir sobre su territorio fábricas modernas, absolutamente necesarias para su desarrollo económico y humano", dijo.

Por su parte el jurista Luigi Condorelli, también miembro de la delegación uruguaya, sostuvo que no hay "base jurídica" para la medida cautelar que demanda Argentina y que sólo podría aplicarse si se alterara la calidad del agua, lo que no podría ocurrir antes de la puesta en marcha de las plantas.

SENTIMIENTOS DIVIDIDOS. "En este momento, los sentimientos argentinos están divididos. No estamos felices de usar por primera vez nuestro derecho de recurrir al CIJ contra Uruguay, con quien mantenemos importantes lazos históricos, sociales y culturales. Pero la defensa del medio ambiente así lo exige". Así comenzó su exposición la delegación argentina, encabezada por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti.

El impacto medio ambiental que causarían las plantas fue el principal argumento utilizado por los argentinos, que no dudaron en destacar la violación del Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975.

La titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) de Argentina, Romina Picolotti, recalcó que las fábricas extraerían durante 40 años 1.900 millones de metros cúbicos de agua dulce, "equivalente al consumo de la ciudad de París durante siete años" y contaminarían 1.500 millones de metros cúbicos de agua. "El río, simplemente, no podrá soportar este impacto", resumió lacónica.

"La suspensión es posible y la única medida racional. ¿Qué se puede hacer frente a una decisión unilateral que violó un tratado bilateral?", se preguntó Marcelo Kohen, profesor de derecho internacional en Ginebra.

A pesar de esta dura defensa, fuera de cámaras los expertos argentinos admitieron que es difícil que la CIJ dicte una medida cautelar y creyeron más probable que el tribunal inste a los dos gobiernos a reanudar el diálogo y evaluar el impacto ambiental de este proyecto.

Ahora sólo restan las réplicas de las delegaciones que se realizarán mañana y que finalizarán sin una resolución por parte de la CIJ que podría demorar "semanas" en resolver si aplica o no las medidas cautelares. Sólo después, la Corte entrará en el tema de fondo: la demanda argentina basada en la violación por parte de Uruguay del estatuto del Río Uruguay de 1975, un proceso que podría durar unos cuatro años.

Según fuentes diplomáticas, la Corte rechazó hoy el intento de Argentina de presentar como prueba un vídeo con declaraciones de los presidentes Néstor Kichner y Tabaré Vázquez, en el que éste incurriría en una supuesta contradicción sobre los proyectos.

Los jueces consideraron, a instancias de la delegación uruguaya, que los comentarios de un locutor en el vídeo le quitaban la objetividad necesaria, si bien admitieron incluir en el sumario la transcripción escrita de las declaraciones de los mandatarios.

En base a Agencias